En Roma, mucho antes de que existiera la palabra “populismo”, ya existía la cosa. Los historiadores Anthony Everitt y Mary Beard reconstruyen esa república tardía dividida entre Optimates y Populares: unos defendían las prerrogativas del Senado como custodio natural del orden; otros apelaban directamente a la plebe, saltando por encima de las instituciones que se suponía debían mediar entre el poder y la gente. Roma no resolvió esa tensión. La sepultó bajo un imperio, con un solo hombre —Augusto— que terminó ocupando el lugar de las dos facciones a la vez, disfrazado de restaurador de la república mientras la vaciaba por dentro. Escribo esto como quien mira una fractura repetida a lo largo de dos mil años y ya no sabe si llamarla ciclo o simplemente naturaleza del poder. La forma cambia. El mecanismo, no.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt le pusieron nombre a la versión contemporánea en Tyranny of the Minority: gobiernos que llegan al poder y lo ejercen con apenas un veinte o treinta por ciento de representación real de la sociedad a la que gobiernan. No es una anomalía del sistema —es lo que el sistema empezó a producir de manera regular una vez que los partidos dejaron de ser cuerpos vivos con militancia real y se volvieron cáscaras que conservan un nombre sin conservar la idea. El Partido Popular puede gobernar sin representar al pueblo; el Partido de los Trabajadores puede llegar al poder sin que la clase obrera, como categoría homogénea, siga existiendo del otro lado de esa etiqueta. Esto no es un chiste sobre la hipocresía de los nombres. Es el síntoma de algo más profundo: el fraccionamiento social e individualista disolvió los cuerpos colectivos que esos nombres alguna vez describieron, y lo que queda son alianzas electorales armadas con títulos amplios que ya no significan nada preciso, uniendo a votantes que solo coinciden en aquello contra lo que están.
Jan-Werner Müller, en ¿Qué es el populismo?, identifica el mecanismo exacto que convierte esa fragmentación en una amenaza y no solo en una incomodidad estadística: el antipluralismo. Un líder populista —de derecha o de izquierda, la etiqueta ideológica es secundaria frente a esta lógica— no compite dentro de la diversidad de voces de una sociedad. Se declara la única voz legítima de un “pueblo” verdadero, y a partir de esa declaración todo el que discrepa deja de ser un adversario político para convertirse en un traidor a la voluntad popular. Es una jugada que no necesita mayoría numérica para funcionar: necesita convicción, y necesita un enemigo. Ahí está el fracaso de las dos estrategias que la política tradicional todavía ensaya para salir del pozo. Sumar dirigentes en un acuerdo de cúpulas no alcanza, porque el votante de hoy ya no vota por lealtad a una estructura sino por identificación directa con una figura, y esas alianzas de arriba hacia abajo lo dejan afuera. Y fabricar un enemigo para movilizar tampoco resuelve nada de fondo: gana una elección, pierde la gobernabilidad, porque un país no se administra con la misma lógica con la que se lo divide.
Lo interesante —y lo perturbador— es que esta mecánica atraviesa el espectro entero, y ahí está el dato que más vale la pena subrayar: las etiquetas de derecha e izquierda se invirtieron en su función. La derecha, que durante buena parte del siglo pasado fue sinónimo de conservar el orden establecido, hoy se presenta como la fuerza que cuestiona el consenso, que rompe con lo dado, que se percibe a sí misma como transformadora. La izquierda, que nació precisamente para impugnar el orden existente, se volvió en muchos lugares la administradora de ese mismo orden, la que defiende las instituciones tal como están. No cambió la sustancia de ninguna de las dos tradiciones. Cambió el lugar desde el que cada una discute, y esa inversión explica buena parte de la desorientación de un electorado que ya no encuentra en el mapa viejo ningún punto de referencia estable.
Martha Nussbaum, en Political Emotions, ofrece la pieza que faltaba para entender por qué esta reconfiguración prende tan rápido: la política democrática nunca se sostuvo solo en argumentos, se sostuvo en emociones compartidas, y dos de ellas —la libertad y la igualdad— son las que estructuraron, con distinta intensidad según la época, la identificación de la gente con un proyecto colectivo. La trinchera de la libertad ya la desarrollé en otro lugar: es la que hoy ocupan las plataformas tecnológicas y los discursos de desregulación absoluta, la que promete pensar sin cadenas mientras entrega la voluntad a un algoritmo comercial. Pero la trinchera de la igualdad quedó vacante, y ese vacío es tan peligroso como el otro, porque una sociedad que no encuentra ningún relato convincente sobre la igualdad termina, tarde o temprano, entregándose entera a la trinchera contraria.
Ahí es donde vale la pena rescatar a John Rawls, no como cita de manual sino como herramienta todavía viva. Su noción de bienes primarios —lo mínimo que cualquier persona necesita para poder ejercer su propia idea de una vida buena, más allá de cuál sea esa idea— es la base de lo que hoy podría llamarse una ética de los vulnerables: salud, un ingreso mínimo digno, vivienda, movilidad social real. No es el viejo estatismo que prometía resolverlo todo desde arriba y terminó, también él, convertido en burocracia de minorías. Es una propuesta más modesta y por eso mismo más difícil de vender con la épica que necesita un discurso emotivo: no promete la salvación, promete el piso. Pierre Rosanvallon viene insistiendo, desde Francia, en que la tarea urgente es exactamente esta: repolitizar la democracia, volverla atractiva de nuevo, no como gestión técnica de lo que ya existe sino como proyecto que alguien quiera de verdad defender. Sin eso, la trinchera de la igualdad seguirá vacía, y el campo entero quedará librado a quien mejor sepa vender la libertad como ausencia total de límites.
Vuelvo a Roma para cerrar, porque el espejo histórico no es un adorno: es una advertencia. Cuando las dos facciones agotaron su capacidad de convivir dentro de la misma institución, no hubo un tercer camino que las reconciliara. Hubo un hombre que ocupó el lugar de las dos, con el nombre de una y la fuerza de la otra, y a partir de ahí la república dejó de existir aunque sus formas se mantuvieran intactas durante siglos. Esa es la gobernanza disfrazada de autoritarismo: no llega anunciándose como tal, llega prometiendo ordenar el caos que las propias instituciones fueron incapaces de resolver. Hoy no hace falta un emperador. Alcanza con un liderazgo que sepa capturar la emoción de la libertad sin ofrecer nunca la contraparte de la igualdad, o con un Estado que se presente como el único árbitro moral posible frente a un pluralismo que ya no sabe organizarse solo. El resultado es el mismo régimen con otro nombre. Y como toda fractura recurrente, la única salida conocida hasta ahora no es esperar a que se cierre sola, sino disputar, de nuevo y en cada generación, quién tiene derecho a hablar en nombre de todos.
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