Hace no mucho la censura era fácil de señalar: alguien agarraba una tijera, tachaba una frase, apagaba un micrófono, y el gesto quedaba a la vista de todos. Hoy la tijera se disolvió en el código. Nadie tacha nada visiblemente. Se ajusta un peso en la matriz, se agrega un filtro, se redacta una cláusula en un archivo de configuración que casi nadie va a leer nunca. El efecto, sin embargo, es exactamente el mismo de siempre: alguien, desde un escritorio que no conocemos, decide qué parte del pensamiento colectivo pasa y cuál se hunde antes de llegar a nadie. Escribo esto con cierta incomodidad, no como analista que mira desde afuera, sino como alguien que usa estas herramientas todos los días para pensar y para escribir, y que cada vez se pregunta con más frecuencia qué parte de lo que produce fue decidida por él y qué parte se la sugirió, suavemente, la máquina.

Hay un punto de partida que me parece innegable, aunque ya se dijo mil veces y suene a lugar común: las instituciones que durante el siglo pasado se creyeron con derecho a ser árbitros morales de la sociedad —los partidos, los dirigentes que hablaban como si fueran narradores del destino nacional— se vaciaron por dentro. No cayeron de un golpe. Se convirtieron, despacio, en burocracias de minorías. El problema es que ese vacío no quedó abierto mucho tiempo. Lo ocuparon dos actores con vocabularios distintos pero la misma ambición de fondo: los Estados, reclamando el monopolio de decir qué es verdad y qué es peligro; las grandes tecnológicas, disfrazadas de guardianas de una ética del desarrollo seguro. La verdad es que ninguno de los dos me convence. Cuando un comité de ética renuncia en bloque adentro de una empresa de inteligencia artificial, o cuando un juez ordena apagar una plataforma entera, nadie percibe autoridad moral actuando. Lo que se ve es caja, en un caso, y control ideológico puro, en el otro.

Ahí aparece una trampa más fina, porque no se presenta como orden sino como liberación. Los discursos que hoy pegan de verdad no pasan por partidos ni por programas: pasan directo por la emoción. Y la emoción que mejor se vende en este momento es la libertad entendida como rechazo absoluto de cualquier mediación. Por eso X, o los movimientos que se dicen libertarios, prenden con esa fuerza: ofrecen la fantasía de un pensamiento sin filtro, sin Estado que te diga qué podés decir. Lo que rara vez se nombra es el reverso de esa promesa. La misma bandera de rebeldía la explota un algoritmo comercial que necesita generar adicción, polarización y ganancia. Te entregan la idea de que sos un rebelde independiente mientras te administran, minuto a minuto, la dosis exacta de indignación que hace falta para que no sueltes la pantalla. No es rebeldía. Es gobernanza disfrazada de rebeldía, y es quizás la más eficaz de todas las formas de poder, porque se siente como tu propia voluntad y no como una orden de nadie.

Lo grave del siglo XXI no es que exista la intención de controlar —eso no cambió nunca, es tan viejo como el poder mismo— sino la profundidad con la que ahora opera. Antes el Estado o los grandes diarios te filtraban las noticias para moldear tu opinión: era un control burdo, discutible, se podía señalar con el dedo. Lo de ahora es distinto porque ya no actúa sobre lo que ves. Actúa sobre cómo estructurás una idea.

Tengo evidencia fresca de esto, no una intuición. En agosto de 2024 Brasil suspendió por completo la operación de X en su territorio: el motivo formal fue el incumplimiento de órdenes judiciales y la falta de un representante legal en el país, el motivo real la negativa de la plataforma a bloquear cuentas señaladas en investigaciones sobre desinformación. El juez Alexandre de Moraes sostuvo el bloqueo hasta que la empresa cedió. El País lo tituló, en su análisis del caso, como un precedente democrático: un Estado nacional demostrando que todavía puede apagar, físicamente, a un gigante tecnológico global. Fuerza bruta, tosca, visible, discutible en la calle y en los tribunales.

Pero el mismo actor —mismo país, mismo litigio de fondo— reapareció este mes de agosto de 2026 de una manera completamente distinta, y ahí está el giro que de verdad me interesa. X liberó, el 13 y 14 de agosto, otra actualización mayor del código fuente de su algoritmo de recomendación en el repositorio público x-algorithm: los pesos reales que definen qué post sube y cuál se hunde, el código que decide qué se filtra del feed, y una herramienta nueva —”Under the Hood”— que deja a cualquier cuenta activa bajar en JSON si sus publicaciones llevan etiquetas que les limitan el alcance. Hasta ahí, transparencia genuina, algo que ninguna otra red social hizo con este nivel de detalle. Lo que cambia todo es que ese mismo repositorio ya trae incorporado un módulo llamado Brazil2026ElectionFilter: código escrito específicamente para cumplir con la ley electoral brasileña, que retira del feed a cuentas denunciadas ante la Justicia Electoral para los comicios de 2026, salvo que el usuario las siga de forma explícita. La misma exigencia estatal que en 2024 necesitó apagar un país entero para imponerse, en 2026 ya no necesita apagar nada. Se volvió una función más del código, auditable línea por línea, y al mismo tiempo tan poco negociable como antes. La censura no desapareció. Se volvió transparente y permanente a la vez, lo cual —tengo que admitirlo— es más difícil de denunciar que un bloqueo bruto, porque ya no hay nada oculto que señalar.

Y para que quede claro que esto no es un problema de un país ni de un color político, alcanza con mirar lo que pasa al mismo tiempo en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comercio avanza una política que amenaza con sancionar a las grandes tecnológicas si sus modelos de inteligencia artificial reflejan lo que la administración llama “sesgo woke” —en la práctica, el gobierno federal fijando qué parámetros ideológicos son aceptables dentro del entrenamiento de una IA, con organizaciones de derechos digitales advirtiendo que la medida busca de paso anular cualquier regulación propia que los estados quieran dictar. En paralelo, el gobierno se aseguró acceso prioritario a los modelos de frontera de Google DeepMind, Microsoft y xAI antes de que salgan al público, a través de la agencia que reemplazó al viejo instituto de seguridad de IA. El detonante, dicen, fue un modelo de Anthropic tan capaz que la propia empresa decidió no liberarlo. Un Estado sentado, literalmente, en la sala de máquinas antes de que el producto llegue a nadie.

Al final uno se descubre atrapado entre dos gigantes que se necesitan mutuamente para justificarse. Reguladores que en nombre de la democracia o de la seguridad buscan el botón de apagado y la potestad de decidir qué es verdad, avanzando sobre la libertad de pensar con herramientas propias. Corporaciones que posan de últimas defensoras de la libertad de expresión mientras facturan con nuestra adicción y escriben su propio lugar en la historia con la misma pluma que dicen defender.

La sensación que me queda no es cómoda. La tiranía de las minorías ya no es solo un fenómeno de la política tradicional. Es también, ya, tiranía tecnológica: un puñado de jueces, reguladores, ejecutivos y desarrolladores decidiendo, sin mandato de nadie, las fronteras de lo que se puede pensar. Y al resto nos queda la tarea, bastante solitaria y casi anticuada de nombrar así, de pelear por conservar un pensamiento propio.